Nestlé volvió a colocar la sustentabilidad en el centro de su estrategia. Su CEO en la Argentina sostuvo que la agricultura regenerativa será clave para cumplir las metas ambientales de la compañía1 y reclamó que “las reglas sean idénticas para todos”. El planteo es razonable, pero contrasta con un antecedente que la cadena lechera no debería olvidar: la discontinuación de sus programas de leche A2 y orgánica.
En 2021 la empresa anunció una inversión superior a US$16,5 millones para desarrollar ambos segmentos. Acompañó a 17 tambos durante varios años, presentó los productos como respuesta a nuevas demandas de los consumidores y les asignó potencial exportador. La leche A2 dejó de comprarse desde abril de 2024 porque, según la propia compañía, la demanda no alcanzó las expectativas. En 2026 llegó el turno de la leche orgánica: desde el 1º de octubre pasará a pagarse como convencional. La experiencia aporta una evidencia que suele faltar en las encuestas. Puede haber consumidores interesados en productos orgánicos, A2 o con menor huella de carbono, e incluso algunos dispuestos a pagar más. Pero eso no significa que sean suficientes, que compren regularmente ni que acepten el precio necesario para sostener una cadena segregada. Las encuestas miden preferencias declaradas; la continuidad de las ventas revela la demanda efectiva.
Hasta allí podría hablarse de una innovación comercial que no alcanzó escala. El problema más grave aparece al observar quién absorbe el costo del fracaso. Producir leche orgánica no consiste en cambiar una etiqueta. Obliga a modificar la alimentación, las rotaciones, el uso de insumos, el manejo sanitario, la carga animal, los registros y la certificación. La normativa exige un sistema diferente del convencional y una transición que normalmente requiere al menos dos años. El resultado puede ser una menor producción por vaca y por hectárea, o al menos una menor flexibilidad para responder a cambios de precios y clima. Ese sistema era viable porque recibía una bonificación cercana al 90% sobre el precio de referencia.
La industria puede cancelar una línea comercial en una fecha determinada. El tambo no puede reconstruir en esa misma fecha sus pasturas, reservas, carga, productividad y flujo de fondos. La salida de la industria es administrativa; la reconversión del productor es biológica, agronómica y financiera. Puede demandar muchos meses y, sin capital de trabajo, llevar a una empresa al borde de la insolvencia. La leche A2 presenta otra estructura productiva: no necesariamente reduce la producción, pero exige selección genética, identificación del rodeo, trazabilidad y segregación. En ambos casos existe el mismo riesgo: realizar inversiones que valen principalmente mientras permanece un comprador específico.
No se trata de negar la innovación ni los objetivos ambientales. Tampoco de equiparar este caso con Sri Lanka, donde una prohibición abrupta de fertilizantes agravó una crisis alimentaria y económica mucho más amplia. La enseñanza común es otra: no deben impulsarse transformaciones productivas sin validar previamente su escala, su viabilidad y sus mecanismos de salida. Si las industrias quieren que los tambos adopten prácticas regenerativas o reduzcan su huella de carbono, deberían ofrecer contratos acordes con el tiempo biológico de la producción: plazos largos, primas previsibles, amortización de inversiones, salida escalonada y financiamiento de la reconversión. La sustentabilidad no puede consistir en que la empresa capture el atributo ambiental mientras el productor asume todo el riesgo. Para ser genuinamente sostenible, también debe sostener económicamente al tambo que la hace posible.
1 La Nación Suplemento Campo, 1 de agosto 2026
